martes, 23 de marzo de 2010

Muerte y rabia en el Tec... Álvaro Delgado

MÉXICO, DF, 22 de marzo (apro).- En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.

Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.

Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.

Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.

Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.

Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.

Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.

Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.

Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.

Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.

El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.

Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.

A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.

Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:

“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?

¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...

Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…

El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...

Apuntes

En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Monterrey: guerrilla subversiva

Indice Político
Francisco Rodríguez

HUBO MOFAS A quienes aventuramos que el 2010 podría ser escenario de una revuelta popular. En la capital de Nuevo León –cuyo ñoño gobernador encuentra en una marcha ciudadana la solución a problemas que él debería resolver—, los 31 bloqueos vehiculares del más reciente fin de semana dan cuenta de una de las precondiciones que configuran una guerra irregular o guerrilla urbana.
Especialistas en seguridad nacional muestran su preocupación y señalan que la fallida Administración de Felipe Calderón manipula la realidad, inculpando de los sucesos más recientes al crimen organizado. Una de dos: o el narco ya aplica tácticas de guerra de baja intensidad, o hay ya imbricados contestatarios sociales.
Previo al bloqueo de vialidades en Monterrey, ahí mismo se dieron todos los pasos conducentes: organización de adeptos entre la población, mantas, marchas sociales o ciudadanas, contrainteligencia, contrainformación, compra de espacios en periódicos, etc.
La guerrilla se ubica o se conoce por su forma de “operar” o por su forma de “lucha”. Estas escaramuzas en el área conurbada regiomontana lo dicen todo. Y no obstante que camina como pato, grazna como pato… la fallida Administración nos dice que ¡es iguana!
Peor aún, las declaraciones de sus personeros: Gobernación dice que es una “reacción desesperada ante el avance logrado –no se ría— en materia de seguridad en el estado de Nuevo León”… La SS federal confirma lo dicho desde Bucareli.
Esta es, empero, una guerra irregular, término que se da a una guerrilla cuando una facción de ésta mantiene una guerra ante un ejército convencional, lo que es regido por la Convención de Ginebra.
También se le conoce como guerra de baja intensidad.
La fallida Administración no reconocerá esta situación porque, al dar status de guerrilleros a quienes en el noroeste de la República –de Monterrey a Reynosa— han puesto en jaque a la Defensa Nacional y a la Marina Armada, tendrían que registrar ante la mencionada convención ginebrina a los combatientes. Y éstos, a su vez, tendrían que usar insignias, uniformes… Algo similar a lo que ocurrió con el llamado subcomandante Marcos, en el amanecer de 1994, cuando el Estado le da reconocimiento de guerrillero.
Algún día Manuel Camacho deberá platicar qué hizo ante la Convención de Ginebra, para permitir que ese año sí se celebraran elecciones.
No obstante, en esa región noroccidental del territorio nacional ya hay aprestos o provocaciones. El Cartel del Golfo ya utiliza vehículos con las siglas C.D.G, en prácticamente toda la frontera tamaulipeca.
De acuerdo a los manuales, las operaciones de interdicción son tres: 1) golpes de mano. 2) asalto. 3) emboscadas.
Para llevar a cabo estas operaciones de interdicción, deberá contarse con varios equipos: El de acción principal, que porta armas cortas. El de apoyo a la acción principal (los policías le dicen “muro”), quienes llevan las armas largas. Y el de detención y bloqueo, los que queman instalaciones, bloquean con material de fortuna o lo que se encuentre primero a la mano. El de captura y destrucción, que con la ayuda de la población resguarda en primer lugar las avenidas de aproximación y por último las rutas de escape.
Esta es la capacitación que, por ejemplo, recibieron Los Zetas.
Para enfrentarlos, un ejército convencional requeriría de seis batallones de alta fuerza, de 678 elementos, por cada cuatro cuadras.
En Monterrey, a diferencia de Ciudad Juárez, se observan tácticas guerrilleras. En el segundo caso, son acciones de pandillas.
Y esta guerrilla ha cumplido ya un primer objetivo: sembrar terror, pegándole además (contra-guerrilla) a las finanzas de las administraciones estatal y municipal, pero sobremanera a las de la iniciativa privada. Este terrorismo es una enfermedad política que afecta a grupos radicalizados; también se afirma que es un modo extremo de manifestar el resentimiento que guardan sectores económicos empobrecidos, algunos dicen que es un instrumento al servicio de doctrinas anárquicas.
Y ojo, otro dato: los más golpeados son, por supuesto, los flujos financieros del narco, amplia y generosamente distribuidos en el área metropolitana de Monterrey.

sábado, 13 de marzo de 2010

El “Ejército de Dios” ataca a las comunidades zapatistas. Hermann Bellinghausen La Jornada

El papel protagónico de la organización evangélica Ejército de Dios en recientes conflictos comunitarios en ejidos y poblados tzotziles de San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Huixtán tiene su epicentro en Mitzitón, donde la asamblea ejidal es adherente a la otra campaña del EZLN. Este ejido se caracteriza por oponerse al proyecto gubernamental de hacer atravesar bosque y predios agrícolas por una muy anunciada autopista San Cristóbal-Palenque, la cual es apoyada por los evangélicos, si bien afectaría predios que no les corresponden, y muchos de ellos viven fuera de la comunidad.

Las acciones de violencia y provocación en que se han visto involucrados, incluyendo la muerte de un ejidatario meses atrás, han alimentado la versión oficial de un conflicto religioso. Y por si ese argumento no alcanza, se añaden problemas de tierras y disputas por cinco palos de madera.

En organización, discurso y acciones el Ejército de Dios posee un elemento castrense inocultable y está bien documentada su connivencia y amistad con las policías federal y estatales. Aunque no es visible una relación con el Ejército, resulta relevante mencionar que el perímetro de mayor conflictividad donde el Ejército de Dios actúa, con abiertas beligerancia e impunidad (pues sus miembros incurren en actividades ilícitas a la vista de todos), es contigua, literalmente, al cuartel general de la 31 zona militar de Rancho Nuevo, desde donde se irradia la estrategia contrainsurgente que lleva 16 años aplicándose, de manera progresiva, en los todos los Altos de Chiapas.

La agrupación pertenece a la iglesia Alas de Águila, con presencia en los Altos y diversas entidades del país. Muy vinculado en discurso y organizativamente a agrupaciones evangélicas de Guatemala, al igual que aquellas es muy afín a las tropas gubernamentales, que en Chiapas ocupan abrumadoramente los territorios indígenas. En Guatemala se vincularon claramente con la contrainsurgencia y uno de sus predicadores, el general Efraín Ríos Mont, fue dictador durante el peor periodo de la guerra civil que asoló al vecino país.

Según las propias iglesias reformistas, a finales del siglo pasado llegaron a Chiapas más de 5 mil 500 predicadores procedentes de Guatemala y dieron origen a múltiples iglesias, sobre todo evangélicas, con derivaciones presbiterianas y pentecostales.

No es la primera vez que grupos evangélicos protagonizan ofensivas paramilitares en Chiapas contra comunidades zapatistas y de simpatizantes. Entre 1996 y 1998, Paz y Justicia en la zona norte y el grupo armado que realizó la masacre de Acteal y las decenas de asesinatos que la precedieron estaban formados y dirigidos por miembros de iglesias evangélicas. Sin embargo, las versiones gubernamentales de presunto conflicto religioso no tuvieron éxito.

Priísta como aquéllos, el Ejército de Dios sí se presenta abiertamente como organización militar. No porta armas en sus desfiles, mas sus miembros las usan repetidamente en Mitzitón y alrededores. Mientras sostienen que su arma es la Biblia, usan consignas de los kaibiles y los marines estadunidenses.

Las vistosas credenciales de membresía y reconocimiento en “los procesos de adiestramiento del ‘peniel’ (como llaman a sus concentraciones de práctica)”, emitidas en junio de 2009, retratan en la mitad inferior a un marine con casco, uniforme de campaña, la bandera de las barras y estrellas en el hombro, apretando un arma de altísimo calibre y oteando con gran telefoto hacia el enemigo. Firma el reconocimiento al quinto lanzamiento de sus soldados la comandancia general de Ejército de Dios: ministro Esdras Alonso González, y apóstol Marlene Contreras González.

El Ejército de Dios no es indígena; incluso tiende programáticamente a desindianizar a sus seguidores. Muchos, como quiera, no lo son, pero en Chiapas ha reclutado a numerosos tzotziles. Apenas el pasado 18 de enero realizó una parada militar más en el centro de esta ciudad. Con la bandera nacional al frente, los soldados desfilaron de pantalón de campaña, camiseta y boinas rojas, al son de La marcha imperial de la guerra de las galaxias, de John Williams, que remite directamente a Darth Vader.

Allí aprovecharon para denostar la triple alianza (la llaman ellos): “Frayba, la otra campaña y catequistas”, a quienes insisten en culpar de la violencia en la región, del mismo modo que lo ha hecho el gobierno estatal.

"Primero fueron víctimas de caciques y del sistema; ahora ellos atacan”

Los grupos de evangélicos involucrados en las agresiones a comunidades zapatistas y de la otra campaña no representan, ciertamente, la mayoría de los creyentes de dicha denominación cristiana, que en la región suman muchos miles, en su mayoría pacíficos. Las acciones del Ejército de Dios en Mitzitón ni siquiera son compartidas por todos los miembros de su iglesia: Alas de Águila.

Además, en la misma teología de la prosperidad que sostienen estas iglesias existen corrientes progresistas. En Guatemala defendieron los derechos humanos y se opusieron al paramilitarismo y la militarización. Al igual que las congregaciones sustentadas en la fuerza y el desafío violento, tenían su matriz en Estados Unidos y Canadá, pero a diferencia de aquellas, sin vínculos formales ni ideológicos con el Pentágono ni las estrategias de contrainsurgencia.

El investigador guatemalteco de origen maya Miguel de León Ceto escribe: “Las iglesias evangélicas se han desarrollado en un contexto de violencias políticas que caracterizan la región. En el caso guatemalteco, dentro de los medios conservadores (la elite política, patronal y militar). En el sureste mexicano este fenómeno se produjo de manera paradójica: en su origen se implantaron como iglesias víctimas de la violencia y la represión del caciquismo y el sistema político, y posteriormente se implicaron, en algunos casos, en actos de barbarie” (Las lógicas de poder de las iglesias evangélicas en tierras mayas, tesis de posgrado en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 2009).

Esto resulta relevante en la región chiapaneca, donde hace dos décadas se registró una grave violencia derivada de la intolerancia y el férreo control de los caciques priístas en San Juan Chamula, Zinacantán y el propio San Cristóbal (llamado por el Ejército de Dios simplemente Cristóbal de las Casas). Hubo asesinatos, expulsiones y aldeas arrasadas contra evangélicos o testigos de Jehová, así como católicos no tradicionalistas seguidores de la diócesis progresista del obispo Samuel Ruiz García.

En ese contexto se establecieron grupos de autodefensa, como Guardián de mi Hermano, que derivó a Alas de Águila y el Ejército de Dios, dispuestos a una guerra espiritual –como explica De León– propia de los neopentecostales. Remontar la resignación y el fatalismo, no poner más la otra mejilla. De ahí a convertirse en poderosos y agresores no medió gran distancia.

En su idea de que la problemática de la comunidad tzotzil de Mitzitón es religiosa, el pasado fin de semana el gobierno de Chiapas envió como negociador al subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Enrique Guillermo Ramírez Conrado. Así le fue.

El grupo identificado como evangélico, aunque ahora también involucra algunos católicos tradicionalistas (lo cual quebranta el concepto religioso del conflicto, como también ocurrió en Acteal y la zona norte la década pasada), recibió al negociador del gobierno sabinista con escarnio y agresividad inusitados. Según testigos (existe un audio del episodio), lo llamaron pendejo, lo patearon y manosearon, y repetidamente le hicieron ademanes obscenos. Su escolta estaba atemorizada.

El funcionario trataba de convencer al grupo agresor, encabezado por miembros del Ejército de Dios, de liberar a sus rehenes –ejidatarios de Mitzitón–; uno de ellos, el agente municipal Silerio Pérez Díaz, reconocido por el ayuntamiento de San Cristóbal, se encontraba bañado de gasolina, semidesnudo en el frío de la madrugada del lunes pasado, torturado y vejado, a escasos metros de donde negociaban. Tal actitud desafiante es la misma que muestran ante policías y agentes de Migración cuando los interceptan transportando cargamentos de productos ilícitos o migrantes centroamericanos. Se saben impunes.

Ramírez Conrado tampoco tuvo la confianza de los representantes ejidales adherentes de la otra campaña, quienes le hablaron con severidad cuando acudió con ellos para que liberaran a los tres rehenes que tomaron después de ser agredidos a balazos. Pero no lo insultaron, y pudo constatar que estos rehenes no eran maltratados ni torturados. Eso también es evidente en las fotografías publicadas de ambos grupos de rehenes (La Jornada 2/3/10).

En este contexto, no resulta extraño que el reciente y grave choque en Bolón Ajaw entre bases zapatistas y miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) haya revelado que los agresores de Opddic pertenecen a la iglesia presbiteriana El Horeb, en Agua Azul. Su pastor, Samuel Gutiérrez Solórzano, sostenía la versión oficial de que los zapatistas agredieron a los evangélicos, dejando como saldo la muerte de Adolfo Moreno Estrada, y llamaba a una cruzada nacional de sus correligionarios contra los zapatistas, incluso después de que esa versión fue desmentida fehacientemente por la junta de buen gobierno de Morelia.